La sociedad dominicana está inmersa en procesos sociales y políticos vinculados a las próximas elecciones de 2024. La mayoría de los afiliados de los partidos asumen este período como una oportunidad para expandir la alegría de la adhesión a su organización partidaria. Lo viven como una ocasión para gritar en la calle la bondad de sus líderes y el poder mesiánico que tiene cada uno. En la medida en que se van acercando las fechas de las elecciones municipales y presidenciales, las emociones se amplían y las discusiones con la Junta Central Electoral (JCE) se multiplican.
Es la misma sociedad la que se muestra preocupada por el ruido, por la contaminación ambiental y por los desencuentros de los representantes de los partidos políticos con la Junta Central Electoral. El diálogo entre los partidos y la JCE se mantiene abierto, pero es frágil. Por esto es frecuente el disgusto de los representantes de los partidos políticos y la amenaza de colocar a la JCE frente al poder del Tribunal Constitucional. El descontento se evidencia, también, en los representantes de la Junta Central Electoral, aunque por su investidura se conducen con prudencia y respeto.
En estos tiempos hay dos lógicas diferentes: la Junta Central Electoral está decidida a que se respete la Ley núm. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, que deroga la Ley núm. 15-19, Orgánica del Régimen Electoral y sus modificaciones. De otra parte, los partidos políticos desean continuar con su cultura violatoria de las leyes del país. La Ley núm. 20-23 y sus reglamentos establecen los períodos que corresponden a precampaña y a campaña electoral. Pero, los partidos políticos han actuado al margen de las leyes en diversos aspectos conocidos por todos los dominicanos.
La falta de rendición de cuentas, el uso de propaganda contaminante, el inicio de la campaña electoral antes del tiempo previsto y la alteración del silencio humano y social son algunos de los problemas generados por los partidos políticos que se colocan por encima de la Ley y de las autoridades. Por todo esto la Junta Central Electoral tiene que mantener su identidad bien definida y su firmeza inalterable. No puede funcionar como una entidad manejada por los representantes de los partidos políticos. Ha de conservar la apertura, la escucha y la posibilidad de diálogo libre y respetuoso; pero, al mismo tiempo, ha de ser firme en sus principios, en sus valores y en la gestión eficiente y coherente con las disposiciones de la Ley Electoral.
Los partidos políticos han de estar atentos a sus derechos y a sus responsabilidades. Actuar de este modo fortalece la democracia y la organización social. No pueden buscar razones para justificar sus planes y, a la vez, deteriorar la institucionalidad de la Junta Central Electoral. Los ciudadanos han de apoyar el trabajo de la Junta Central Electoral que esté orientado hacia el cumplimiento de las leyes de la República Dominicana, de forma especial la Ley Electoral 20-23. Se ha de rechazar cualquier intento de normalizar la violación a las leyes. Identidad y firmeza sin vacilaciones de ninguna naturaleza es lo que se espera de la JCE.
La vacilación genera inestabilidad y trabajo deficiente. Por ello es preciso que la Junta Central Electoral, sin dejar de escuchar a los partidos políticos, muestre dominio de su propia identidad y firmeza fundamentada. Lejos de la sociedad dominicana una Junta Central Electoral que se deje amedrentar por fuerzas partidarias que se nutren del desconocimiento de las leyes y de la simulación. La sociedad demanda firmeza inquebrantable y adhesión permanente al marco legislativo y a los principios éticos de la entidad. Todo esto por unas elecciones que robustezcan la democracia y la participación política.
