Por Dinorah García Romero
La República Dominicana padece de la normalización de los accidentes de tránsito y transporte terrestre. A diario se leen, se escuchan y se observan accidentes de tránsito con efectos desastrosos en las personas, en la infraestructura y en la economía del país. La cantidad, la diversidad y las consecuencias de los accidentes se asumen como una noticia más. La población y las autoridades se van acostumbrando de tal modo, que del asombro se ha pasado a la resignación. Mientras tanto, las familias y la sociedad se vuelven cada vez más vulnerables y desprotegidas. A ambas instancias solo les queda enterrar a sus muertos; curar sus heridos y asumirlos mutilados para toda la vida.
Los gobiernos no se cansan de anunciar y de aplicar medidas mediocres, medidas sin fundamentos científicos, que cuentan solo con la fuerza de la publicidad, por la amplitud y el costo de esta. En los últimos días, los accidentes ya ni siquiera se dan en las vías públicas, sino que alcanzan la esfera doméstica cuando el vehículo penetra en la vivienda. El índice de muertes y de invalidez por los accidentes puede quedar oculta por la normalización. Se ha de desactivar el liderazgo irresponsable en los asuntos viales. Urge rediseñar las políticas que regulan el transporte en el país. Si el problema no es de rediseño, entonces se han de respetar las leyes y su aplicación.
La entidad gubernamental responsable de la educación y de la aplicación de las leyes del transporte ha de revisar su funcionamiento. Parecería que su gestión requiere un relanzamiento para que los accidentes de transporte al menos se reduzcan lo antes posible. Las alianzas estratégicas con otros ministerios podrían contribuir a una reorientación efectiva de los accidentes de tránsitos. El Ministerio de Educación, El Ministerio de Salud Pública y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) deben sentarse a dialogar y establecer líneas estratégicas que contribuyan a la conservación de la vida, a la concientización y formación de la ciudadanía para que conozca las leyes vigentes.
Se ha de avanzar hacia un liderazgo responsable en la gestión de los procesos y de las leyes relativas a tránsito y transporte terrestre. Por favor, no más promesas, no más programas de televisión para informar lo que van a realizar. Se necesitan hechos que le aporten credibilidad al gobierno en el ámbito del tránsito y el transporte terrestre. Esta sociedad no puede continuar incrementando el número de muertos, ni tampoco la cantidad de heridos y discapacitados. El gobierno central tiene el desafío de demostrar capacidad para resolver un problema crucial y de interés general.
Cuando el liderazgo no es responsable, los efectos de los problemas son traumáticos para la sociedad. Por ello se requiere más responsabilidad en la gestión de los accidentes de tránsito y del transporte terrestre. En este sentido, la sociedad también puede y debe contribuir. La responsabilidad es de todos. Nadie queda libre de respetar las regulaciones que puede reducir o eliminar el caos que experimentan en estos momentos el tránsito y el transporte terrestre. Las instituciones de Educación Superior, también, deben y pueden aportar significativamente para reducir las muertes y para que el desorden que impera se reconduzca con bases científicas y jurídicas, actualizadas y funcionales.
Todos hemos de colaborar para que el liderazgo de la irresponsabilidad no prevalezca en la República Dominicana. La ley se ha de aplicar con la firmeza debida. Ninguna persona debe ni puede quedar al margen del cumplimiento de las leyes. En esta dirección, los que dirigen el INTRANT deben fortalecer su capacidad de orientación y aplicación de las leyes, para organizar y prevenir los accidentes de tránsito y transporte terrestre. Los efectos de una acción irresponsable como la que exhiben múltiples conductores, no se transforma con anuncios. Puede cambiar con educación y respeto a las leyes.
