Santo Domingo.— La Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana (ACRD) y la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) expresaron su preocupación ante lo que califican como una tendencia de las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a facilitar espacios dentro de áreas protegidas para proyectos e inversiones privadas.
Las entidades señalaron tres casos que, a su juicio, reflejan esta situación: el Parque Nacional Valle Nuevo, el Monumento Natural Cabo Samaná y el Monumento Natural Isla Catalina.
En el caso de Valle Nuevo, cuestionaron que las instalaciones y facilidades de uso público construidas con fondos estatales hayan sido entregadas para su administración a un gestor privado, sin que, según afirmaron, se hayan ofrecido explicaciones públicas suficientes sobre las condiciones y el proceso mediante el cual se realizó dicha negociación.
Asimismo, manifestaron preocupación por el reciente plan de manejo del Monumento Natural Cabo Samaná, al considerar que contempla la posibilidad de desarrollar construcciones e infraestructuras privadas con fines comerciales dentro de la zona núcleo del área protegida.
Las comisiones también señalaron que la propuesta de zonificación de la zona de amortiguamiento entraría en contradicción con la Resolución núm. 0010/2018 del Ministerio de Medio Ambiente, que establece los usos permitidos en esa zona y que, según las entidades, permanece vigente.
Cuestionan intervención en Isla Catalina
Otro de los casos señalados corresponde al Monumento Natural Isla Catalina, donde, según denunciaron, se ha anunciado la transformación del área en un centro destinado a actividades hoteleras y facilidades turísticas mediante inversión privada.
Las organizaciones ambientalistas afirmaron que desconocen los detalles de esta intervención y cuestionaron que la información haya sido dada a conocer cuando el proyecto se encuentra en una etapa avanzada, calificandolo como un hecho prácticamente consumado.
Reclaman cumplimiento de la Constitución y la Ley de Áreas Protegidas
La Academia de Ciencias y la Comisión Ambiental de la UASD advirtieron que los procesos denunciados podrían contravenir las disposiciones de la Constitución de la República, en su artículo 16, y de la Ley núm. 202-04 sobre Áreas Protegidas.
Recordaron que la legislación establece que las áreas protegidas, la vida silvestre, las unidades de conservación y los ecosistemas y especies que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas constituyen bienes patrimoniales de la nación, con carácter inalienable, inembargable e imprescriptible.
También citaron el principio establecido en el artículo 3 de la Ley 202-04, según el cual los terrenos pertenecientes a las áreas protegidas no pueden ser transferidos en propiedad a particulares bajo ninguna circunstancia.
Ante esta situación, ambas comisiones reclamaron a las autoridades el cumplimiento estricto de la Constitución y la legislación ambiental, así como la protección del patrimonio natural y cultural de la nación.
Finalmente, solicitaron al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ofrecer una explicación pública y detallada sobre los procesos relacionados con Valle Nuevo, Cabo Samaná e Isla Catalina, incluyendo los criterios, procedimientos y condiciones bajo los cuales se han promovido o autorizado las intervenciones señaladas.
Las entidades reiteraron que las áreas protegidas constituyen un patrimonio colectivo de todos los dominicanos y que su manejo debe garantizar su conservación y protección para las presentes y futuras generaciones.
